13/02/26 - En su editorial del 13 de febrero de 2026, César Vidal analiza la reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre la responsabilidad de las administraciones públicas en los efectos adversos de las vacunas contra el coronavirus.

Partiendo de la revelación realizada en 2021 en el programa La Voz sobre los contratos impuestos por multinacionales de la Big Pharma a distintos gobiernos —contratos que eximían a las farmacéuticas de responsabilidad y trasladaban el riesgo a los Estados—, César Vidal sostiene que el fallo del Supremo confirma sus advertencias de entonces: ni las compañías farmacéuticas ni las administraciones asumirán las consecuencias de los daños sufridos por los ciudadanos.

El caso concreto examinado es el de una mujer que sufrió una trombosis tras recibir la vacuna de Janssen, cuya indemnización había sido reconocida por tribunales inferiores, pero finalmente revocada por el Tribunal Supremo, que limita la responsabilidad de la Administración a supuestos de mala praxis y subraya el carácter “voluntario” de la vacunación.

César Vidal cuestiona duramente esta interpretación, denunciando que la supuesta voluntariedad fue, en la práctica, inexistente debido a las presiones políticas, sociales y mediáticas ejercidas durante la pandemia. Asimismo, advierte de las consecuencias institucionales y sociales de esta decisión judicial, señalando el deterioro de la confianza ciudadana en gobiernos, medios de comunicación y tribunales.

Un análisis crítico sobre responsabilidad política, justicia y memoria de la gestión de la crisis del coronavirus.