El plan malthusiano se afianza en la judicatura. La vieja trampa tiránica de que la Justicia “debe avanzar con los nuevos tiempos” vuelve a servir de coartada para el atropello moral y jurídico. En esta ocasión, el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por un padre que luchaba por salvar a su hija de un nuevo intento de suicidio en Cataluña, esta vez con la colaboración directa de las instituciones del Estado.

En La Mafia Feminista, César Vidal y Cristina Seguí han querido arrojar luz sobre quiénes integran la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, un órgano administrativo creado al amparo de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y que encarna la supremacía absoluta del Estado frente al derecho —y el deber— de un padre a proteger a su hija. El programa desvela los nombres de sus miembros, todos ellos nombrados por la Generalidad de Cataluña.

No es un hecho aislado, sino la manifestación de una política clara: la agenda de los nuevos objetivos globalistas impulsados por élites plutocráticas que conciben la reducción de la población humana como un fin legítimo. El Estado decide, certifica y autoriza; el amor paterno queda anulado. La cultura de la muerte se impone como solución institucional, promovida por neomaltusianos que se presentan, sin rubor, bajo la máscara de supuestos agentes bioéticos.